Tras las críticas de un gran número de instituciones y verificarse una brecha que les facilitaba a los civiles la adquisición de fusiles, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente rectificó algunos puntos de su polémico decreto que autoriza la portación de armas para determinadas categorías
De acuerdo con lo que dio a conocer el Gobierno del país vecino en un comunicado, la versión rectificada veda “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles (fusiles, carabinas y escopetas) al ciudadano común”, que únicamente podrá comprar armamento de menor calibre, denominado “de porte”.
“Los propietarios rurales sí podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus viviendas. Los cambios fueron introducidos a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general”, agregó la misiva oficial del Ejecutivo.
“Hubo críticas de que tal vez hubiesen algunos excesos (en el decreto), el Gobierno fue sensible a esas críticas”, sostuvo Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, en diálogo con la radio Bandeirantes. “Normalmente, el uso de esas armas de mayor potencial lesivo está restringido a las fuerzas de seguridad”, añadió.
El decreto que el 7 de mayo pasado había autorizado a la portación de armas en la vía pública a determinadas categorías de civiles (políticos, camioneros, cazadores y quienes practican el tiro deportivo, entre otros) fue criticado ante la Justicia por consultorías técnicas del Congreso y organismos de la sociedad que investigan los índices de violencia.
Por su parte, el fabricante de armas Taurus anunció este lunes que desde la publicación del decreto recibió nada menos que dos mil pedidos de sus fusiles semiautomáticos T4, lo que aumentó un 7,6% sus acciones en la Bolsa de San Pablo. Sin embargo, sus acciones registraron este miércoles un retroceso del 3,5 por ciento tras la marcha atrás de Bolsonaro.
Los gobernadores de 14 de los 27 Estados de Brasil, incluyendo aquellos con índices preocupantes de violencia como Río Grande del Norte, Ceará y Pernambuco, difundieron además una carta abierta contra el decreto y en ella aseguran que las medidas del mandatario “no contribuirán para que los Estados sean más seguros“.
